El juez Juan Carlos Peinado.
Peinado multa con 5.000€ al abogado de Begoña Gómez por informar a la prensa al salir del Juzgado y a la de Vox, con 500
El instructor del 'caso Begoña' también opta por la sanción mínima para el letrado de Hazte Oír, otra de las acusaciones populares de la causa.
El juez Juan Carlos Peinado ha impuesto una multa de 5.000 euros a Antonio Camacho, el abogado de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.
Asimismo, el magistrado ha impuesto sendas sanciones, de 500 euros, a otros dos letrados que participan en el llamado caso Begoña: la representante de Vox (Marta Castro) y el de Hazte Oír (Javier María Pérez-Roldán).
Pese a la diferencia de las cuantías, el motivo de las multas es el mismo: haber informado a la prensa, el pasado 18 de diciembre, de cómo había transcurrido, instantes antes, la declaración judicial de Begoña Gómez como investigada.
Así consta en una resolución, fechada este lunes, y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Para justificar la diferencia de cuantías, Peinado señala que Camacho transmitió a los periodistas, "de forma clara y extensa, todo lo acontecido" durante el interrogatorio de su clienta. Por ello, en su caso, opta por una sanción "intermedia" del intervalo de entre 500 y 10.000 previsto por la ley.
En el caso de Hazte Oír y Vox, el magistrado se decanta por la cifra mínima. Los letrados de ambas acusaciones alegaron que hicieron sus declaraciones a la prensa una vez Camacho finalizó las suyas. Peinado explica en su auto que, "si bien atempera la infracción, no elimina la vulneración de lo prohibido por el legislador". Por ello, considera que debe multarles, aunque sea con la cifra menor.
Por otro lado, el instructor requirió a dos canales de televisión las imágenes que captaron de los abogados del caso informando a la prensa. Ambas cadenas las emitieron en directo y en diferido.
Entre las imágenes emitidas en televisión no figuran las intervenciones de Castro ni de Pérez-Roldán. Ahora bien, ambos letrados admitieron que informaron a la prensa —lo que, en el argot periodístico, se conoce como canutazo— de pormenores de la declaración, antes de alegar que lo hicieron después que Camacho.
El hermano de Sánchez
En su resolución, precisamente, Peinado menciona las filtraciones de imágenes y documentos que también se han producido en el llamado caso Azagra, en el que figura como investigado el músico David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez.
La defensa del músico solicitó a la juez instructora Beatriz Biedma que dedujera testimonio por un supuesto delito de desobediencia, una vez que las filtraciones se siguieron produciendo, pese a la advertencia de la magistrada.
Sin embargo, la Audiencia Provincial de Badajoz, jerárquicamente superior a la juez, consideró que Biedma no firmó un "mandato expreso" que obligaba a las partes, sino que apeló a la ética profesional y a la buena fe de sus abogados para que mantuviesen el sigilo.
Ahora bien, Peinado considera que ésta no es la misma situación que se produce en el caso Begoña. "En el presente caso, ante la reiterada conducta por parte de los letrados de trasmitir a la salida de la sede judicial lo que acababa de acontecer en el interior de la sala del Juzgado, ya se hizo saber, por este instructor, el contenido del Artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim)", compara el juez.
Este precepto de la LECrim contempla multas de 500 a 10.000 euros para "el abogado o procurador de cualquiera de las partes que revelare indebidamente el contenido del sumario".
"A pesar de lo anterior, el pasado día 18 de diciembre de 2024, se produjo, una vez más, por parte de alguno de los letrados, la puesta en conocimiento de lo que había ocurrido en la Sala de este Juzgado, lo que dio lugar a que se acordara la presente pieza separada de posible imposición de multa coercitiva, prevista en el citado artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", señala el juez.
Aquel 18 de diciembre fue la tercera vez que Begoña Gómez acudió al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. En esa ocasión, la esposa del presidente del Gobierno, acompañada por su abogado, sí decidió declarar.
El juez le interrogó únicamente por dos de los cuatro supuestos delitos —apropiación indebida, tráfico de influencias, corrupción en los negocios e intrusismo profesional— por los que la investiga.
