Sánchez perderá hasta 114.000 millones de la UE si no aprueba leyes bloqueadas por sus socios antes de agosto de 2026

Debido a la falta de mayoría parlamentaria y a la división de sus socios, el Gobierno se enfrenta a un difícil calendario para sacar adelante las reformas exigidas por la UE, como la subida del diésel y las leyes de Industria, Movilidad, Cine, Grupos de Interés y Equidad del Sistema Sanitario.

La aprobación de cada una de estas leyes está ligada a distintos desembolsos de los fondos europeos, y cada desembolso ronda los 10.000 millones de euros.

Unión Europea

Bruselas vincula la llegada del quinto pago de los Next Gen a que el Gobierno apruebe el 'impuestazo' al diésel

En la actualidad, el Gobierno de Pedro Sánchez lleva más de un año de retraso respecto al calendario comprometido en julio de 2021: sólo ha abordado el 30% de las reformas y el plazo para cumplir la totalidad de los objetivos comprometidos acaba el 31 de agosto de 2026.

Después de esa fecha, Bruselas cierra el grifo. Y los más de 163.000 millones adjudicados (entre transferencias y créditos) de los Fondos Next Generation EU dejarán de estar disponibles. De momento, España ha recibido 48.300 millones en cuatro pagos.

Bruselas ya ha advertido que el plazo del 31 de agosto para aprobar todas las reformas del plan es improrrogable. Cualquier excepción requeriría un acuerdo unánime de los 27 Estados miembros.

Y varios países, en particular los frugales partidarios de la austeridad, no están dispuestos a alterar esta fecha.

La demora de las reformas acordadas pone en riesgo para España la obtención de 32.000 millones en transferencias y de 82.200 millones en préstamos a bajo interés.

De acuerdo con la adenda del plan de recuperación aprobada por la Comisión Europea en junio de 2023, a España le correspondería recibir 44.600 millones de euros en 2025 y una cifra ligeramente inferior, 44.300 millones, en 2026.

Calendario de los desembolsos previstos para España, condicionados al cumplimiento de determinados hitos y objetivos.

A estas cifras hay que sumar los 23.900 millones del quinto desembolso, solicitado por el Gobierno el pasado mes de diciembre, que la Comisión Europea aún no ha aprobado. Entre otros motivos, porque el Ejecutivo no ha logrado sacar adelante la subida de la fiscalidad del diésel, que condicionaba este pago.

El plan de recuperación incluye para España 397 inversiones (de las que sólo se han completado 48) y 197 reformas (de las que se han cumplido 133). En su conjunto, el grado de cumplimiento por parte de España es del 30%, cuando solo restan 15 meses para que culmine el plazo.

Dos son los principales obstáculos a los que se enfrenta el Gobierno para sacar adelante las reformas legales pendientes. Por un lado, Junts exige contrapartidas para cada votación que apoye en las Cortes.

Pero además, Junts ha dejado claro que no se va a sentar a negociar nuevos acuerdos, hasta que el Gobierno cumpla lo ya pactado: como el traspaso "integral" de las competencias de inmigración a la Generalitat o la amnistía efectiva a Carles Puigdemont, que exige además ser legitimado como interlocutor en un encuentro personal con el presidente Pedro Sánchez.

Temor en Moncloa a que la falta de apoyos impida aprobar las reformas comprometidas para recibir fondos europeos

Tampoco Podemos está dispuesto a facilitar las cosas al Gobierno. El partido de Ione Belarra ha puesto condiciones inasumibles para apoyar los Presupuestos del Estado de 2025 y ha comenzado a rearmarse, ante la posibilidad de que Sánchez adelante las elecciones generales a 2026, para hacerlas coincidir con las andaluzas.

El adelanto electoral dejaría en el aire buena parte de las reformas exigidas por Bruselas, con la consiguiente pérdida de fondos europeos para España.

La agenda de reformas que el Gobierno necesita desbloquear en los próximos meses incluye la Ley de Industria, la Ley de Equidad en el Sistema Sanitario, la Ley del Cine (que están entre los hitos del sexto pago de subvenciones), la Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés (ligada al séptimo pago) o la Ley de Movilidad.

La referida a Grupos de Interés aún debe pasar por primera vez por el Consejo de Ministros y no estará en el Parlamento antes de verano, como ha informado EL ESPAÑOL. El Gobierno tiene que abordar ahora la negociación en el Congreso para recabar apoyos.

Esta norma busca regular la actividad de los lobbies, dentro de un paquete de medidas contra la corrupción.

El proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 10 de diciembre y aún debe culminar todo el trámite parlamentario, en una difícil negociación con sus socios.

Un difícil calendario

El proyecto de Ley de Equidad en el Sistema Sanitario fue aprobado en Consejo de Ministros en junio y está varado en el Congreso, donde se ha aplazado ya dieciséis veces el plazo de enmiendas.

El proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual está atascado en el Congreso y ya se ha prorrogado el plazo de enmiendas también por decimosexta vez. El Gobierno intentó asegurarse el apoyo de sus socios nacionalistas, incluyendo cuotas y ayudas específicas para el cine en catalán y euskera.

Hace ya más de un año que el Ejecutivo no presume de "estar a la cabeza" en la recepción de fondos. Porque, de hecho, España ha sido rebasada por Italia (seis entregas), Portugal y Croacia (cinco cada una), y la antes siempre rezagada Grecia ya nos ha empatado con cuatro desembolsos.

Ni siquiera se puede alegar que a España le esté costando cumplir por haber sido "uno de los países más vapuleados por la Covid". Italia resultó aún más afectada, motivo por el que fue designada como la mayor perceptora, y está hoy en cabeza en desembolsos y cantidades.

Fondos NGEU: cuadro de indicadores de España. European Commission

Además, aunque la ejecución efectiva del dinero recibido por nuestro país está siendo "lenta, deficiente y poco transparente", según la evaluación de la comisión ECON del Parlamento Europeo, ése no es el criterio de la Comisión Europea para autorizar nuevos desembolsos. Lo es la aprobación en las Cortes de las reformas legislativas acordadas.

Es ahí donde España está fallando.

Por ejemplo, el cuarto desembolso (10.000 millones) llegó en junio de 2024, con un año de retraso sobre el calendario previsto. Y el quinto, solicitado en diciembre, debería haber estado resuelto en febrero.

Pero a la insatisfacción de Bruselas con la "poco profunda" reforma fiscal que presentó el Ejecutivo, según fuentes europeas, se han unido dos solicitudes de cambios por parte de España que han demorado la evaluación técnica de los hitos.

Han pasado ya casi cuatro años, queda uno y medio de plazo, y España ha recabado apenas un tercio de lo que le correspondería.

La Europea Comisión ha transmitido al Gobierno de España que el ritmo de las reformas está sólo al 30%, según estas fuentes consultadas en Bruselas. Y como refleja la web oficial del Cuadro de Indicadores del Plan de Recuperación y Resiliencia, el resto de los desembolsos pueden no llegar a tiempo.

Modificaciones del PRTR

Bruselas recordó durante todo el año pasado que la reforma fiscal debía ser "ambiciosa e integral", pero finalmente España abordó pequeños cambios sobre determinados impuestos. Y no cumplió con el compromiso de aumentar el impuesto al diésel, un punto conflictivo, por falta de mayorías en el Congreso que lo apoyaran.

Inicialmente programada para diciembre, se pospuso debido a esa falta de apoyos parlamentarios, complicando aún más el proceso.

Reformas cumplidas del PRTR España. European Commission

La Comisión Europea también expresó su preocupación por la sostenibilidad de la reforma del sistema de pensiones en España, lo que ya había demorado 12 meses el cuarto pago.

El escrutinio se centró, especialmente, en la inclusión de transferencias estatales a la Seguridad Social como ingresos, una medida no acordada de inicio con Bruselas y que podría comprometer la estabilidad financiera del sistema.

La reforma, ejecutada en tres tramos, fue criticada por los servicios técnicos de la Comisión, como publicó este periódico, "pero una decisión política" en el cierre de la legislatura anterior en Bruselas dio por bueno el hito.

En los últimos tiempos, desde Moncloa y el Ministerio de Economía, el mensaje que se envía es que nuestro país lidera la entrega de ayudas europeas a fondo perdido.

Comparaciones "odiosas"

Esto es cierto únicamente en términos absolutos, dado que el Gobierno optó por solicitar en el primer tramo del PRTR sólo las transferencias, y dejó para el último momento los préstamos (que, aun a bajo interés, computan en la deuda pública ante las reglas fiscales europeas).

Además, sólo es así por poco margen, ya que a Italia se le han desembolsado más de 46.000 millones en transferencias, sólo 1.000 menos que a España. "Pero es que las comparaciones son odiosas", apunta otra fuente europea, "porque ya van por los 75.000 millones en préstamos, mientras España no ha recibido más de 340 millones".

Reuters

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El país transalpino es el más comparable al nuestro, tanto en volumen de fondos asignados (unos 194.000 millones de euros) como en condiciones estructurales de su economía. De hecho, el porcentaje de las ayudas respecto a su PIB es muy similar al español: un 9,32% frente a un 11,15%.

Sin embargo, Roma ya va por el sexto desembolso, con un total de 123.000 millones de euros recibidos, a fondo perdido y a devolver. Dos tercios del total ya han llegado a las arcas del Estado, mientras España no llega a un tercio de lo asignado.

Fondos NGEU: cuadro de indicadores Italia. European Commssion

De los 22.200 millones adjudicados a Portugal, el país vecino ya ha recibido más de la mitad en cinco pagos: 8.490 en transferencias y 2.900 millones en préstamos.

A Croacia se le asignaron más de 10.000 millones. Y con su quinta entrega ya ha alcanzado el 45% del total, con 4.500 millones de euros asignados.

Grecia, por su parte, fue agraciada con 36.000 millones. Una cantidad ingente que movilizar para su economía, pues casi duplica la proporción según PIB de Italia, con el 16,32%. Ya lleva más de la mitad de ese dinero recibido (18.300 millones) en sólo cuatro desembolsos.

Por otro lado, en el listado de los 100 mayores receptores de los fondos de recuperación se observa que las Administraciones públicas son las principales agraciadas. El sector privado y las pymes, motores clave de la economía, reciben una porción menor.

Una ejecución discutida

Según la oposición del Partido Popular, esta distribución "no es la más eficiente para estimular el crecimiento económico y la creación de empleo".

De hecho, la aprobación, en diciembre de 2021, del real decreto del Gobierno de Sánchez para gestionar los fondos UE ya recibió críticas en este sentido, porque "es tradicional que este Ejecutivo no sea capaz de gestionar otras partidas provenientes de Bruselas".

Efectivamente, la Comisión Europea ha señalado que, hasta septiembre de 2023, España solo había ejecutado el 63% de los más de 75.000 millones de euros asignados en fondos estructurales del período 2014-2020, situándose a la cola de los países de la Unión Europea en este aspecto.

Este retraso lo atribuyen las fuentes del PP a "una carga administrativa elevada", a una falta de profesionalización del personal y la "asignación insuficiente de recursos en las Administraciones" encargadas de gestionar los fondos.

Otra crítica recurrente del PP es la "excesiva centralización" en la gestión de los Next Generation. El Consejo de Ministros controla la asignación y ejecución, dejando a las Comunidades Autónomas con un rol "peor que secundario".

Esta estructura limita la capacidad de las regiones para "adaptar las inversiones a las necesidades específicas de cada territorio", reduciendo la eficacia de los proyectos financiados.

Finalmente, la formación de Alberto Núñez Feijóo lamenta la "cada vez más baja tasa de ejecución" de los fondos disponibles. Año tras año, un porcentaje considerable de los fondos europeos permanece sin asignar, lo que indica "deficiencias en la planificación y ejecución de los proyectos".

Esta "incapacidad" no sólo retrasa la recuperación económica, sino que también podría "afectar la credibilidad" de España ante las instituciones europeas.