Ilustración sobre el enfrentamiento de Donald Trump y las grandes tecnológicas dirigidas por Mark Zuckerberg (Meta), Tim Cook (Apple), Jeff Bezos (Amazon) y Sundar Pichai (Google)

Ilustración sobre el enfrentamiento de Donald Trump y las grandes tecnológicas dirigidas por Mark Zuckerberg (Meta), Tim Cook (Apple), Jeff Bezos (Amazon) y Sundar Pichai (Google) Rodrigo Mínguez E.E.

Tecnología

Trump pone en su punto de mira a las 'Big Tech': Google, Meta o Amazon a un paso de ser troceadas por monopolios

Las grandes tecnológicas se enfrentan a numerosas causas judiciales en EEUU, impulsadas por el Gobierno, por abuso de posición dominante.

Más información: Google, contra las cuerdas en EEUU por ser un monopolio: en tres semanas se juega su futuro tal como lo conocemos

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El Gobierno de Estados Unidos está decidido a acabar con la posición de monopolio de la que, en su opinión, han disfrutado gigantes tecnológicos como Alphabet (Google), Meta (Facebook), Amazon o Apple en los últimos años. Y para lograr que pierdan esa hegemonía, la Administración Trump considera que una de las soluciones pasa por trocear las Big Tech para que sean, precisamente, menos grandes.

El Ejecutivo norteamericano ha llevado ante la Justicia propuestas que pueden acabar con las grandes tecnológicas tal y como las conocemos hoy en día. Por ejemplo, se muestra partidario de que Google venda su negocio publicitario o su navegador Chrome o de que Meta Platforms se deshaga de Instagram y WhatsApp. También podría plantear que Amazon se desprenda de su servicio logístico.

Muchos de los procesos judiciales en los que se decidirá el futuro de todas estas compañías se iniciaron durante el primer mandato de Donald Trump como presidente de EEUU. Luego fueron asumidos por la Administración de Joe Biden con la misma pretensión de poner de fin a una situación de monopolio que tanto republicanos como demócratas, en una poco habitual coincidencia, consideran insostenible.

De poco parece haber servido el acercamiento de las Big Tech a Donald Trump tras su victoria en las elecciones celebradas el pasado 4 de noviembre, con medidas como donaciones a su fondo de investidura, nombramiento de directivos afines al Partido Republicano, cambios en las políticas de moderación o declaraciones de los CEOs alabando al nuevo presidente de EEUU.

Todo ello para buscar el favor de Trump, con el que no habían tenido la mejor de las relaciones ni durante su primera etapa en la Casa Blanca como en los cuatro años siguientes. Y aunque el presidente se ha mostrado a favor de relajar la regulación digital, sobre todo en el ámbito de la inteligencia artificial (IA), no parece que vaya a cambiar de postura en lo que a los procesos judiciales antimonopolio se refiere.

Un ejemplo es la decisión de poner a Andrew Ferguson al frente de la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) y a Gail Slater como responsable de la división anticompetencia en el Departamento de Justicia (DOJ).

"Destinaré todos los recursos de la agencia a perseguir los casos contra las grandes tecnológicas que tenemos en marcha", aseguró hace unas semanas Ferguson en un pódcast de Bloomberg. Por su parte, en un evento celebrado el pasado mes, Slater recalcó el consenso bipartidista que existe acerca de la necesidad de "una aplicación rigurosa de las leyes antimonopolio".

Google

Google es, en estos momentos, la empresa que más frentes judiciales tiene abiertos en Estados Unidos por su supuesta posición de dominio. Este mismo jueves, un tribunal de EEUU declaraba a la compañía "culpable de un doble monopolio" en el mercado publicitario digital. En concreto, en el de servidores publicitarios para editores y en el del intercambio de anuncios.

Tras esta sentencia, el juez deberá decidir qué medidas o remedies impone para acabar con este monopolio y entre las que se podría incluir la venta de todo o parte del negocio publicitario. No obstante, Google ya ha anunciado que recurrirá, por lo que pasarán años antes de que se llegue a un desenlace final.

Con la resaca de esta sentencia, este lunes comienza también la audiencia en la que se decidirán los remedies que se le impondrán a Google después de que el pasado agosto un juez condenó a la empresa de posición de monopolio en el negocio de los buscadores de Internet.

El pasado noviembre, la Administración Biden propuso, entre otras medidas, la venta de su navegador Chrome. Una exigencia que respaldó el Gobierno de Trump en un escrito remitido al juzgado a principios de marzo, en el que aseguraba que la conducta ilegal de Google ha creado "un Goliat económico que siembra el caos en el mercado para garantizar que, pase lo que pase, siempre gane".

Meta, Amazon y Apple

En el caso de Meta Platforms, esta semana ha comenzado el juicio tras la demanda por monopolio que presentó la FTC y en la que acusa a la empresa de adquirir competidores para reforzar su posición de dominio. Un proceso que podría obligar a la propietaria de Facebook a tener que deshacerse de Instagram y WhatsApp.

En la primera semana del juicio, que se calcula durará unos tres meses, ha comparecido Mark Zuckerberg. El consejero delegado y fundador de Meta negó todas las acusaciones y aseguró que han sido los recursos del gigante tecnológico los que han convertido Instagram en un éxito. Además, añadió que la empresa ya se enfrenta a competidores como TikTok o YouTube.

Pero en esta vista también se ha conocido que Zuckerberg ya se planteó en 2018, cuando Trump era presidente de EEUU, la posibilidad de segregar Instagram de la empresa matriz para evitar acusaciones de prácticas monopolísticas y admitió que hay compañías que han ofrecido mejores resultados tras ser divididas.

"A medida que crecen las voces que piden desmantelar las grandes tecnológicas, existe una posibilidad nada desdeñable de que nos veamos obligados a desprendernos de Instagram, y quizá también de WhatsApp, en los próximos cinco o diez años", indicó el empresario en un correo electrónico que se ha desvelado en el juzgado.

En el caso de Amazon, la FTC acusó a la compañía en una demanda presentada en 2023 de presionar a los pequeños comerciantes para que utilicen su plataforma para vender online a los consumidores. Un juez federal ya ha rechazado el intento de Amazon de desestimar el caso y está previsto que el juicio se celebre a lo largo de 2026.

Por su lado, el DOJ presentó en marzo de 2024 una demanda contra Apple al considerar que la compañía dificulta la integración de los productos de sus competidores. Esto hace que los usuarios de iPhone y iPad tengan complicado deshacerse de sus dispositivos para cambiarse a otros sistemas operativos y acaben pagando precios más caros. Apple ha solicitado a un juez federal que desestime esta demanda.

"El Departamento de Justicia de EEUU está centrado en desmantelar todos los monopolios de Google y no parece que vaya a ceder", remarca Gil Luria, analista de D.A. Davidson. De hecho, en su opinión, lo mejor sería que la compañía escindiera proactivamente algunos de sus negocios para abordar las preocupaciones del Gobierno estadounidense.

Por su parte, Michael Ashley Schulman, director de inversiones de Running Point Capital, señala que el fallo de este jueves contra Google marca un punto de inflexión para la regulación de las grandes tecnológicas, especialmente teniendo en cuenta que se esperaba que con la administración Trump la FTC fuera menos exigente que durante la etapa Biden.

Si finalmente alguna de las Big Tech acaba troceada, estaríamos en la primera división de una compañía a instancias del Gobierno de Estados Unidos en 40 años. La última tuvo lugar en 1984, cuando la operadora de telecomunicaciones AT&T vendió algunas de sus filiales regionales, popularmente conocidas como Baby Bells, tras alcanzar un acuerdo con el Departamento de Justicia.

Sin embargo, este no ha sido el último intento del Gobierno estadounidense de trocear una empresa para poner fin a un monopolio. En el año 2000, y tras una denuncia del DOJ, un juez decidió que Microsoft debía ser dividida en dos: por un lado, su sistema operativo y, por otro, sus componentes de software.

La compañía recurrió y consiguió paralizar su división. Finalmente, y tras llegar George W. Bush a la presidencia de EEUU, el Departamento renunció a que Microsoft fuera dividida y llegó a un acuerdo con la compañía, que se comprometió a realizar ciertas concesiones para calmar las preocupaciones de los reguladores.

Qué ocurrirá finalmente con Google, Meta o Amazon es todavía una incógnita. A muchos de estos procesos aún les quedan varios años de batalla judicial. Y la posibilidad de un acuerdo entre tecnológicas y Gobierno, como ocurrió con Microsoft, no puede descartarse. Sobre todo con un presidente tan imprevisible como Trump.

Unión Europea

"Tomamos nota de la decisión y la estudiaremos con interés. El caso que está siendo analizado por la Comisión Europea (CE) continúa". Según Financial Times, así se pronunciaba este jueves Teresa Ribera, vicepresidenta para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, tras conocerse la sentencia en EEUU por la posición de monopolio en el mercado de la publicidad digital. Negocio que también está investigando Bruselas.

Esta es sólo una de las numerosas investigaciones que la CE ha llevado a cabo en torno al negocio de las Big Tech y que se han traducido en sanciones multimillonarias y una larga lista de compromisos. A ellos se podrían sumar las derivadas de los posibles incumplimientos de las recientes Leyes de Mercados Digital (DMA) y Servicios Digitales (DSA), que Bruselas ya está investigando.

En los últimos años, la Comisión ha multado a Google por abuso de posición dominante, al favorecer su servicio de comparación de productos y de precios (Google Shopping), en detrimento de sus rivales o imponer restricciones a fabricantes a la hora de preinstalar sus apps y servicios en Android.

A Meta la ha investigado por combinar los datos de Facebook, Instagram y WhatsApp sin tener los consentimientos adecuados y a Apple por prácticas anticompetitivas en su tienda de aplicaciones o por eludir el pago de impuestos aprovechando las ventajas fiscales que le ofrecía Irlanda.

En el caso de Amazon, ha estado en el foco de las instituciones europeas por el uso indebido de datos de terceros vendedores o por dar trato preferente a los productos y vendedores que usaban sus sistemas logísticos.